Otra vez el IAC señalado por el despojo a Comunidad Mapuche Tehuelche en Gualjaina

28 Nov 2024

Zárate era un apellido desconocido en el Paraje Arroyo La Cancha, hasta que este año llegó al territorio alegando ser la nueva dueña de parte de las tierras que la comunidad mapuche tehuelche habita desde finales del siglo XIX. Los pobladores sospechan que las tierras se transfirieron a un privado norteamericano, quien sería pareja de Zárate. A su vez, señalan la connivencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), la Dirección de Pueblos Originarios y la policía provincial en este nuevo intento de despojo territorial en Chubut.

“Desde que llegó esta señora, los problemas crecieron rápidamente. Me han hecho denuncias, me han puesto perimetrales, nos cortaron el único acceso que tenemos al establecimiento, pusieron una tranquera con candado y cerraron un camino ancestral que estaba desde la época de mis bisabuelos, me encerraron los animales, me balearon los perros y nos amenazan. Esto es parte de nuestras tierras comunitarias”, relató Damián Castillo, un hombre de 62 años que toda su vida se dedicó a la cría de ganado en su territorio siguiendo la tradición familiar.

Zárate, como acostumbran algunos desde la época de Adolfo Alsina, cavó una profunda zanja en una servidumbre de paso, que era la única entrada para las familias Castillo y Quilaqueo.

“Mi mamá tiene problemas de salud, y hoy se encuentra totalmente en las manos de Dios, porque ellos no pueden salir en vehículo, ni tampoco se puede entrar, para pedir asistencia médica y que una ambulancia llegue al lugar, tenemos que enfrentarnos tanto a los que dicen ser dueños como a las mismas autoridades. Es tanta la impunidad y el abandono que estamos atravesando, que nosotros no podemos llegar al hogar de mis padres porque una tranquera con candado nos impide, y más adelante una zanja de dos metros de profundidad”, expresó Miriam, una de las hijas de Damián Castillo.

Además, relató que le pidió por favor a las autoridades que la acompañen al territorio para hacerle llegar alimentos a sus padres, y que le respondieron que se quedara tranquila, que ellos se encargaban. Sin embargo eso no sucedió: “Ese mismo día le caía un allanamiento en su domicilio donde sí pudieron llegar, rompiendo el costado del alambre para entrar. Nos preguntamos por qué nos cortan el acceso y nos dicen que no hay un paso declarado formalmente? Con eso nos queda más que claro que para el mismo Estado nunca fuimos reconocidos como habitantes del lugar, y que unos papeles tienen más peso que la propia historia, así es la realidad en la que vivimos”.

El agua vale más que todo

Miriam, además, denunció que los despojaron de un manantial donde, por generaciones, realizaron sus ceremonias ancestrales. Esa vertiente, junto a la parte del río La Cancha – que atraviesa el territorio- quedaron dentro de la delimitación del título de propiedad. En este sentido, advirtió sobre las consecuencias: “En este caso, toda la población de Costa de Lepá y Gualjaina se verán perjudicados. Porque el caudal de agua es el que refuerza a los ríos para que lleguen hasta esas localidades. Va a generar un empobrecimiento de la población terrible, tanto quienes usan el territorio para el pastaje de animales como quienes utilizan el agua. Mi papá no es el único perjudicado, ahora inició ahí, pero cuando continúe y levante el alambre de las 2.500 hectáreas, son muchas familias las que se van a ver involucradas.”

Donde el IAC mete la cola

Cómo se viene repitiendo, con las denominadas tierras fiscales donde intercede el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), éstas se venden sin importar si hay comunidades y pobladores que las habiten. No se tiene en cuenta la preexistencia de estas familias que, como en este caso, ocupan el territorio desde antes de su provincialización; ni se consideran los derechos indígenas consagrados en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales a los que Argentina adhiere.

Esta transacción, además, si se realizó, fue en el marco del incumplimiento de la sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que exhorta al gobierno de Chubut a cumplir con el derecho a la Consulta y Participación indígena para la conformación de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI). Esta comisión es la que debería interceder cuando al menos una de las partes sea indígena; sin embargo el ejecutivo provincial continúa incumpliendo el fallo y la CTI sigue sin constituirse.

Castillo señaló la responsabilidad del IAC: “Si compró de buena fe quisiera saber a quién, porque nosotros no vendimos nada. Tienen que poner la cara los que le vendieron. Que el IAC ponga la cara. Los que dijeron ser dueños del lugar nunca lo habitaron físicamente, simplemente figuraron en unos papeles”.

En este sentido, Miriam expresó que en principio no quisieron hacer pública la situación y que existen notas enviadas al IAC desde hace años, porque creían que podía ser una confusión de papeles y que iban a poder resolverla sin pasar a mayores. “Empezamos a golpear puertas porque queríamos resolverlo pacíficamente. Incluso mi papá se sentó a hablar a principio de octubre de este año con el presidente del IAC. Él le respondió: “mañana o la otra semana voy”, pero no fue nunca al territorio.

Damián Castillo indagó en el IAC, dependiente del Gobierno del Chubut que encabeza Ignacio Torres. Allí le informaron que los documentos en cuestión se encuentran en Rawson, pero hasta ahora no han tenido acceso a ellos.

También señalaron que la misma respuesta obtuvieron por parte de Matías Antieco, el cuestionado Director de Pueblos Indígenas de la provincia, que según afirman se comunicó con Miriam desde Rawson: “Matías Antieco y Alejandra Castillo vinieron hace poco hasta ahí, en la zona de la cancha. Mi papá se acercó a hablar con ellos, pero negaron haberme llamado. Entonces, ahí a uno le entran tantas dudas, tantas incertidumbres.”

En medio de este conflicto, Castillo y su familia han intentado en varias ocasiones hacer exposiciones y denuncias en la comisaría de Gualjaina por las amenazas y agresiones a los animales – “aparecieron perros baleados, chivas e incluso caballos” – logrando solamente ser atendidos por la asistencia de la Defensa Pública.

La historia de la comunidad Castillo

Las familias Castillo, Quilaqueo, Pallañanco, Guzmán, Millalef, habitan comunitariamente desde finales del siglo XIX el territorio que comprende a la comunidad en Paraje La Cancha, en la localidad de Gualjaina, del Departamento de Cushamen, en Chubut. Llegaron a esas tierras desplazados por la “Campaña del Desierto, posteriormente al desalojo de Nahuelpan y así con otros despojos.

“Desde siempre fueron tierras comunitarias. Mis abuelos no tenían un lugar fijo dentro del territorio. Ellos se movían por invernada y veranada, así iban recorriendo toda la zona. Ellos le hacían ese uso a ese campo”, indicó Mirian Castillo.

“En estas zonas siempre hubieron pobladores que no sabían leer ni escribir, ellos podían manipularlos fácilmente y así adueñarse de sus tierras”

La historia cambió en la década de 1950 con la llegada de un hombre de apellido Richter, que le pidió a sus abuelos permiso para poder poner un negocio. Inocentemente, ellos confiaron y le dieron el visto bueno. Pasó poco tiempo para que Richter abusara de la confianza de los pobladores. Introdujo animales y comenzó a alambrar el territorio que, hasta su llegada, había sido libre.

La ocupación, tradicional, actual y pública de estos territorios es relatada por Miriam: “A los abuelos siempre le dijeron que eran tierras fiscales que no se podían vender ni comprar. Ellos siempre hicieron uso de la tierra, se fueron sin hacer papeles, pero fue pasando de generación en generación. “

Después de los alambrados llegaron las ventas ilegales y posteriormente los títulos, pero sólo para algunos. Richter hizo negocio y vendió las mejoras. Rosa Jara de Hidalgo les compró las tierras y continuó con el alambrado abarcando 2.500 hectáreas en total, aunque esto no impidió que se siga sosteniendo la vida comunitaria, ni que los animales de la comunidad puedan pastar libremente.

En 1975, Jara de Hidalgo obtuvo el título de propiedad. Cuando la mujer falleció, el encargado del campo, de apellido Medina, también hizo sus negocios y así pasó a manos de Méndez. Tras la muerte de Méndez (padre), quedaron los hijos como herederos. Los alambres ya estaban deteriorados por la falta de mantenimiento, Eso no impidió que, finalmente,adquieran nuevos propietarios.

La historia se repite. En la actualidad, las comunidades mapuche tehuelche están a la merced de conflictos generados por el mismo Estado provincial, que incumple al día de hoy con la conformación de la CTI. Por mencionar algunos casos cercanos, Lof Catriman Colihueque con los privados Samamé y Serra ; y Lof Nahuelpan, con la familia Aguado.

Fotos: Manke