Lof Frenten Kimun: Despojados e imputados
El juez penal José Luis Ennis ordenó la liberación de Eusebio Antieco, Susana Martín, Matías Cisterna y Paola Martínez, detenidos durante un operativo policial tras una reivindicación territorial impulsada por la Lof Frenten Kimun. La comunidad había realizado reiteradas presentaciones administrativas ante distintos organismos, denunciando la venta irregular de parte de su territorio.
La audiencia de control de detención se llevó a cabo el 7 de noviembre en el Juzgado Provincial de Esquel. Allí, el magistrado dispuso la apertura de una investigación penal por seis meses y prohibió a los cuatro mapuche acercarse al territorio en disputa. A la sala ingresaron diez personas mapuche -capacidad máxima permitida- y representantes de la prensa local. Afuera, unas treinta personas, entre ellas integrantes de comunidades mapuche-tehuelche de la zona, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Esquel – Trevelin, del No a la Mina y vecinos autoconvocados, celebraron la liberación.
La Fiscalía, representada por el procurador Ismael Cerda, imputó a los detenidos por “robo en despoblado y en banda con agravante de usurpación”, y sostuvo que los hechos ocurrieron “mediante violencia y clandestinidad”. También los acusó de haber sustraído una motosierra y una amoladora, elementos que no fueron hallados.
La defensa, a cargo del abogado Luis Virgilio Sánchez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, negó la existencia de robo y rechazó la supuesta clandestinidad. Afirmó que se trató de una reivindicación territorial notificada formalmente a las autoridades. En esa notificación, Lof Frenten Kimun detalló la falta de respuesta a las solicitudes administrativas presentadas entre abril del 2022 y octubre de 2025 ante el Juzgado de Paz de Gualjaina, la Defensoría Pública, la Comisaría local y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC).
Sánchez recordó que los imputados ya habían denunciado maniobras de fraude y venta ilegal de tierras, y que el territorio en cuestión forma parte del espacio comunitario de la Lof Fentren Kimun y que la comunidad cuenta con personería jurídica 2679.
Horas después de anunciar la reivindicación sobre los lotes 9 y 10 de la Sección D, en Costa de Gualjaina, la presidenta de la comunidad, Susana Martín -quien firmó el documento- fue detenida junto a los tres comuneros. Los trasladaron a dos comisarías de Esquel, a unos 90 kilómetros, donde pasaron la noche hasta ser llevados al juzgado para la audiencia pública.
Para concretar la orden judicial, se desplegó un operativo desproporcionado. “¿Para qué tantas armas, si nosotros no tenemos armas? A veces ni siquiera tenemos para comer…”, relató Eusebio Antieco, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI).
En comunicación con infoterritorial, Luis Virgilio Sanchez denunció graves irregularidades en el accionar del Estado provincial y del Ministerio Público Fiscal (MPF). “Este es un caso emblemático, porque ha quedado expuesta la maquinaria de persecución del Estado al Pueblo Mapuche, la promiscuidad del MPF con los intereses privados”, afirmó el letrado, señalando que el IAC ignoró durante años los pedidos de adjudicación de tierras comunitarias. “Llega un señor notable que vive en Francia y le presenta al IAC un supuesto papel de compraventa de tierras y el IAC rápidamente le adjudica al señor notable las tierras que venían reclamando las comunidades”, alegó.
El abogado cuestionó que “El fiscal en vez de mirar si en esa maniobra no hay delitos, por cuanto la compra ilegal de tierras es un delito, más grave aún si hay connivencia de funcionarios públicos, decide investigar a los mapuches por usurpación, que por supuesto es un delito menor”. También, resaltó que las tierras en disputa son ocupadas legítimamente por la comunidad. “Este es el aparato judicial que enfrentan las comunidades mapuches en Chubut, y en este juicio trataremos de dejarlos expuestos”, concluyó, anticipando que buscarán visibilizar el entramado institucional que habilita el despojo territorial.
“No me van a callar”
Durante la audiencia, Eusebio Antieco explicó que se encontraba en el lugar cumpliendo su rol como autoridad del CPI, interlocutor entre las comunidades originarias y el Estado. También, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Newentuaiñ Iñchin, de Costa de Lepá, Antieco rechazó todas las acusaciones y exigió una solución política. “Somos pueblos preexistentes, no terroristas”, afirmó.
Antieco relató que envió cartas al actual presidente del IAC Horacio Masaccese, al gobernador Ignacio Torres y a intendentes de distintas gestiones para abrir una mesa de diálogo, sin obtener respuesta. “Este es un problema político que no vamos a resolver hoy acá. Estoy dispuesto a dialogar porque sé que no se cometió ningún delito”, sostuvo.
También denunció la criminalización de las reivindicaciones territoriales, la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT y la negativa de las autoridades provinciales a establecer canales de diálogo. “Yo no voy a callar mi verdad ni mi voz porque ustedes me acusen. Acá hay un pueblo que resiste, un pueblo que se va a levantar. Lo van a tener que matar nuevamente, y háganlo, señores, acá estoy”, declaró.
El referente mapuche remarcó que el título que adquirió Aldo Duscher es parte del territorio comunitario reconocido por el mismo Estado argentino a los Antieco. “El Estado reconoce las tierras comunitarias de los Antieco y después dice que no lo son. ¿Cómo puede ser?”, cuestionó.
También criticó al gobernador Ignacio Torres por modificar la Ley 157 que “garantizaba” el derecho de las comunidades a elegir sus representantes en la Comisión de Tierras Indígenas en el IAC mediante un paquete de leyes sancionadas en marzo pasado en la legislatura provincial. “Al presidente del IAC, cuando asumió le hice llegar una nota por mesa de entrada para sentarnos a dialogar. Todavía no me ha llamado pero resulta que en cinco minutos sacó un documento de que el señor Duscher tiene un título“, afirmó.
El juez aclaró que la titularidad de las tierras deberá resolverse en los fueros civil o administrativo, y ordenó la restitución provisoria del predio a los denunciantes, Aldo Duscher -hijo del ex intendente de Gualjaina José Duscher- y Sebastián Bestene -apellido empresarial conocido por otros conflictos en la zona-, quienes habrían comprado parte del territorio con autorización del IAC, a pesar de que allí Susana Martín vive y cría a su ganado.
Declaraciones e incumplimiento sistemático
La “estabilidad” de las comunidades indígenas depende del delgado hilo del reconocimiento estatal. Algunas tienen sus personerías jurídicas, pero aún esperan el relevamiento territorial, otras han sido relevadas por el INAI y cuentan con Carpetas Técnicas que reconocen la ocupación tradicional, actual y pública, otras no tienen nada de nada. El punto en común de la mayoría es que carecen de título de propiedad comunitaria. De este modo, el Estado provincial sigue clasificando los territorios indígenas como “tierras fiscales”. A su vez, el instituto responsable de administrar las tierras fiscales, el IAC, autoriza la venta de lotes sin reconocer que allí viven y se desarrollan perosnas y familias mapuche-tehuelche. Así, se venden territorios con familias, ganado, huertas y toda una historia de vida dentro.
El Estado argentino fue condenado por violar derechos colectivos de más de 130 comunidades indígenas del Chaco salteño, agrupadas en la Asociación Lhaka Honhat, al no garantizar la titularidad única de su territorio ancestral ni proteger su modo de vida frente al avance de actividades estatales y privadas. En el fallo emitido en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado entregar el título comunitario, remover alambrados, garantizar acceso al agua, alimentación y vivienda adecuada, e indemnizar a las comunidades por los daños sufridos. La sentencia sienta un precedente clave en la región al afirmar que la propiedad indígena no puede fragmentarse y que los derechos culturales, ambientales y territoriales son interdependientes y exigibles.
El fallo de Lhaka Honhat expuso el incumplimiento por parte del Estado argentino de derechos reconocidos en la en el Convenio 169 de la O.I.T y la Constitución Nacional, especialmente el artículo 75 inciso 17, que garantiza la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, el respeto a su identidad y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. A pesar de este mandato constitucional, el Estado permitió la instalación de alambrados y la ocupación criolla en territorios indígenas sin consulta ni consentimiento
A su vez, la Constitución de la Provincia del Chubut establece que las tierras fiscales deben administrarse de forma racional y adjudicarse en propiedad, reconociendo a los Pueblos Indígenas la posesión y propiedad individual de los territorios que ocupan legítima y tradicionalmente. El Estado provincial detenta el dominio privado originario de las tierras fiscales, pero tiene la obligación de adjudicarlas reconociendo la ocupación indígena. Este reconocimiento no depende de títulos formales, sino de la ocupación histórica, pública y culturalmente vinculada a la vida de las comunidades.
En este sentido, las tierras fiscales ocupadas por comunidades originarias no pueden venderse ni adjudicarse a terceros sin respetar esos derechos. Sin embargo, el Estado provincial habilita ventas sin aplicar estos marcos legales, lo que genera conflictos, judicialización y despojos.
La colonización que nunca cesó
El IAC, basándose meramente en documentación administrativa, niega la existencia y la ocupación histórica de las comunidades y habilita ventas -generalmente a empresarios o privados relacionados a sectores de poder- sin respetar el carácter colectivo, indivisible e inalienable de los territorios. Por otro lado, el Poder Judicial investiga y condena a quienes denuncian y resisten el despojo, pero no actúa consecuentemente ante las denuncias por la intervención irregular del IAC en la venta de territorios comunitarios.
Si el Estado provincial desconoce la posesión de las familias que habitan esos territorios, si el Poder Legislativo no legisla conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, si el Poder Judicial criminaliza a quienes reclaman su cumplimiento, y si el Poder Ejecutivo decide con quién dialogar según criterios arbitrarios que distinguen entre “verdaderos” y “falsos” mapuche, ¿qué alternativa les queda a las comunidades para defender sus derechos?
Pese a la persistente negativa estatal, Antieco cerró su declaración ante el juez y el fiscal con el pedido urgente de abrir un diálogo verdadero. “¿Por qué podemos no llegar a un entendimiento si somos personas pensantes? Yo fui a la escuela y terminé a los manotazos el séptimo grado. Pero tengo un kimún (conocimiento), un rakizuam (pensamiento), mis kuifi (antiguos) me hacen hablar. No soy yo el que habla, acá están mis antepasados que sufrieron este mismo atropello que estamos sufriendo hoy”.
📷 Roxana Sposaro
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