Puente Quemado II: “nadie es usurpador en su propio territorio”
El pasado 5 de mayo efectivos policiales de la provincia de Misiones detuvieron a Santiago Ramos, mburuvicha de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, y al menos siete integrantes más de la aldea. El operativo, ordenado por el Juez de Instrucción N° 1 Leonardo Manuel Balanda Gómez, de la Cuarta Circunscripción Judicial de Puerto Rico, Misiones en el marco de una causa por “presunta usurpación”, se desplegó en el Lote 178 del Paraje Cañafístola, un territorio que cuenta con el relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) bajo la Ley 26.160.
La orden judicial surge de reiteradas denuncias presentadas por Alfredo Ruff, un empresario forestal, que tendría domicilio en San Antonio Oeste (provincia de Río Negro) y que mantiene desde hace años un conflicto con la comunidad y es señalado como responsable del desmonte con fines forestales.
Las organizaciones socioambientales y de derechos humanos que acompañan a las comunidades pertenecientes al pueblo Mbya Guaraní, denunciaron que el operativo dentro del territorio indígena incluyó el traslado forzoso de hombres, mujeres, niños y niñas hacia la dependencia policial de Garuhapé, donde se procedió al secuestro de teléfonos celulares y a interrogatorios sobre la composición familiar de la comunidad.
Violación de derechos
Este episodio de criminalización ocurre en un contexto de particular visibilidad internacional, dado que la comunidad había denunciado recientemente el avance de los monocultivos de pino de la multinacional Arauco ante la Organización de las Naciones Unidas. El Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), que acompaña legal y humanitariamente a las comunidades, calificó el accionar judicial y policial como un atropello a la seguridad jurídica de los pueblos originarios:
“El hecho -a días de haber llevado el caso de esta Comunidad Mbya ante la ONU por su lucha territorial contra la multinacional Arauco-, resulta tan absurdo como ilegítimo, porque nadie es usurpador en su propio territorio. El lote en cuestión se encuentra dentro del relevamiento territorial en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación ancestral de la Comunidad. Previo a la detención de Santiago, se llevó a cabo un operativo en el que efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar para constatar lo que ellos consideran usurpación, y notificaron a una integrante de la Comunidad en un accionar que vuelve a dejar en evidencia el avasallamiento sistemático de derechos hacia el Pueblo Mbya.”
La preocupación se extiende por el trato recibido por las familias durante el traslado, donde se denunció la falta de garantías para los menores de edad y el intento de separar a los grupos familiares dentro de la comisaría:
“Lo ocurrido constituye una grave violación de derechos, no solo por el posible intento de desalojo, sino también por el traslado de niños y niñas en un procedimiento sin garantías ni resguardo adecuado. El accionar policial se da en un contexto de creciente conflictividad, luego de la detención del mburuvicha en el marco de una causa por ‘usurpación’, sobre un territorio relevado por la Ley 26.160. La escalada represiva refuerza las denuncias de criminalización contra el Pueblo Mbya, que días atrás había llevado su reclamo al ámbito internacional, ante las Naciones Unidas.”

La vulneración desde el Estado
En comunicación con infoterritorial, integrantes de la organización socioambiental “Rebelión o Extinción” (xr Misiones) confirmaron la posesión histórica de la comunidad: “El mburuvicha Santiago Ramos, que hoy fue detenido, su padre y su abuelo también fueron mburuvicha de la comunidad. Viven ahí hace muchísimo”.
La comunidad se encuentra a 22 kilómetros hacia dentro de la ruta nacional N°12, en condiciones de extrema precariedad. “No tienen luz ni agua, y carecen de agua potable, reclamos que sostienen hace años”, señalaron desde xr Misiones. Describieron además las dificultades de acceso: “Es difícil de llegar, te guías por la cantidad de pinares cuando a ver el ‘desierto verde’. Ellos al estar tan alejados, no tienen un contacto directo con la sociedad para salir. No tienen acceso a la salud. Las ambulancias no entran porque quieren cuidar su vehículo, las mujeres embarazadas tienen que llamar a los bomberos, son los que van a asistir los partos.”
La organización socioambiental denunció que se trata de una estrategia de desgaste territorial y físico: “Los quieren completamente vulnerables, con cada vez menor cantidad de recursos posibles para que se cansen. Es una situación de desgaste territorial y físico, una estrategia de despojo que hacen las empresas y los empresarios como Ruff a través del Estado. El gobierno espera que se vayan a otro lugar, para acaparar el territorio, para desmontar y para plantar pinos”.
Tras el impacto mediático del caso, el Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes, a cargo de Francisco Rodriguez, propusieron la creación de una mesa de diálogo. Sin embargo, desde xr Misiones expresaron su desconfianza: “Rodriguez no es una persona que representa a las comunidades, es una persona que representa los intereses del Estado y de las corporaciones”.
Repudio
La Red Eclesial del Gran Chaco y sistema del Acuífero Guaraní (REGCHAG) también se pronunció vinculando la detención de Ramos con una represalia directa por la exposición del caso en el Foro Permanente de la ONU:
“Desde la Red Eclesial del Gran Chaco y sistema del Acuífero Guaraní expresamos nuestra profunda preocupación y enérgico repudio ante la detención del mburuvicha Santiago Ramos, de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, en Misiones, en el marco del conflicto territorial con la empresa Arauco sobre tierras ancestrales reconocidas. (..) Exigimos la liberación inmediata de las personas detenidas, el cese de cualquier intento de desalojo y el respeto pleno a los derechos del Pueblo Mbya Guaraní. La defensa del territorio es un derecho”.
Tras la viralización en redes sociales y el acompañamiento de las organizaciones se confirmó la liberación del mburuvicha y de los demás integrantes de la comunidad Puente Quemado II. Desde xr Misiones celebraron la libertad y expresaron: “Hoy sentimos en el cuerpo lo que significa no estar solxs. La libertad de Santiago Ramos y de todos los integrantes de la comunidad Mbya Guaraní de Puente Quemado II fue movilizada por una red viva, consciente y comprometida que se activó en todo el país.”
Foto de portada: Las familias mbya guaraní en la comisaría de Garuhapé – Gentileza Emipa
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