Sin consentimiento y con procedimientos irregulares, la minería avanza en la Puna jujeña

09 May 2026

La expansión de proyectos extractivos intensifica los conflictos territoriales y vulnera los derechos de las comunidades indígenas. En el marco de una política minera promovida por los gobiernos provincial y nacional, el avance del extractivismo se realiza sin garantizar la Consulta Previa, Libre e Informada prevista en el Convenio 169 de la OIT, al que Argentina está adherida.

El extractivismo avanza con procedimientos irregulares

Pese a la resistencia territorial, el 30 de abril venció el plazo de quince días hábiles para una consulta pública que el Ejecutivo impuso en su página oficial el 6 de abril la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de Jujuy inició la evaluación de Informes de Impacto Ambiental (IIA) para nuevos proyectos en Rinconada, además de Susques, Cochinoca, Santa Catalina y Abrapampa. Entre ellos figuran la Mina Catalina II (Espíritu de los Andes S.A.), los cateos de Cascadero Minerals S.A. y Sebastián Ricardo Mansilla, el Proyecto Eureka Sur (Puna Metals S.A.) y la Mina Amur (Tierra Exploración S.A.).

Barreras digitales, exclusión y deficiencia en los mecanismos de participación.

El mecanismo de “participación pública” se publicó y realizó a través de una plataforma virtual que exige registro previo, además de una conexión estable a internet y conocimiento digital. Estas exigencias ignoran la realidad de la Puna, donde la conectividad es mínima y los ancianos -guardianes del territorio- no tienen acceso a estas herramientas. Además, la normativa establece que esta participación es orientativa y no vinculante, por lo que las observaciones ciudadanas no obligan a la autoridad minera a modificar sus decisiones.

Cuenca de Pozuelos, intento de avance minero sin consentimiento comunitario

En marzo de este año, la presidenta de la Comunidad Kolla de Rinconada, Mirta Llampa, denunció públicamente el intento de empresas mineras de ingresar a territorio sin el consentimiento de la comunidad. Según la referente, estas acciones contarían con la presunta complicidad de funcionarios del Ministerio de Minería y de la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno provincial, además del supuesto aval de otras comunidades vecinas, aunque no se realizó la correspondiente Consulta Previa Libre e Informada, tal cual lo indica el Convenio 169 de la OIT al que el Estado argentino suscribió. El incidente tuvo lugar cuando representantes vinculados a un pedimento minero, de Wicz Mining Consulting y al particular Daniel Alderete como los impulsores de esta incursión, intentaron avanzar sobre tierras que la comunidad ocupa ancestralmente. Llampa señaló “Así conspiran contra las comunidades y contra las mujeres indígenas. Salimos a defender lo que nos corresponde por derecho; tenemos valores y dignidad, y no vamos a permitir que nos quiten lo nuestro”, expresó la autoridad comunitaria.

Defensa del territorio y los bienes comunes naturales

La presidenta aseguró que la comunidad posee documentación legal que acredita la ocupación histórica de las tierras y que ya se han realizado múltiples presentaciones ante la justicia en San Salvador de Jujuy. “Nosotros tenemos todos los papeles que acreditan que ese territorio corresponde a la Comunidad de Rinconada. Sin embargo, el gobierno está queriendo entregar nuestras tierras”, expresó. No obstante, los Estados provinciales mantienen la deuda histórica de reconocer formalmente los territorios indígenas y otorgar los títulos de propiedad comunitaria. Esta carencia de seguridad jurídica obliga a las comunidades a enfrentar proyectos extractivistas sin una consulta previa, viéndose además expuestas a presiones y extorsiones que buscan fracturar la unidad de sus pueblos.

En este contexto las comunidades de la región, que subsisten principalmente de la producción agrícola y ganadera, actividades, se ven perjudicadas por los efectos contaminantes y destructivos que representa la actividad minera. Ejemplos claros son la contaminación de empresas como Metal Huasi, Pan de Azúcar, Pirquitas, Mina El Aguilar, que las comunidades de la Puna denuncian.

Llampa fundamentó su oposición al proyecto extractivista en la defensa irrestricta de un ecosistema que considera vital para su subsistencia. El núcleo de la resistencia se apoya en tres pilares fundamentales: la protección del agua, entendida como un recurso sagrado e indispensable en la aridez de la Puna; la salvaguarda de la biodiversidad, que garantiza la preservación de la flora, fauna y el ganado que sostiene su economía; y la firme reivindicación de su soberanía territorial frente a los pedimentos mineros autorizados por el gobierno sobre áreas de uso comunitario.

“Nosotros no queremos que entre la minera a nuestro territorio porque cuidamos nuestra agua, que es sagrada para nosotros, nuestra biodiversidad, la flora, la fauna y nuestros animales”, señaló Llampa.

Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

Por su parte, las comunidades que integran la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc denunciaron que enviados por la Secretaría de Minería están recorriendo la región dejando notificaciones de manera arbitraria e irregular a comuneros de Tusaquillas y Cochagaste.

El foco del conflicto se centra en la aprobación del informe de impacto ambiental para el proyecto La Conquistadora IV, perteneciente a la empresa Dajin Resources. Las autoridades comunitarias sostienen que el organismo que conduce Pablo Bergese actúa en connivencia con los intereses empresariales y que el proceso administrativo ignora los estándares legales vigentes.

Además, las inconsistencias temporales en el expediente 0655-56-2025 generaron especial indignación, dado que la aprobación oficial del proyecto data de octubre de 2025, a pesar de que el monitoreo participativo se realizó recién en marzo de 2026.

Ariel Cruz, referente de la comunidad de Tusaquillas, señaló que tras la reforma constitucional de 2023 se profundizó una estrategia de fragmentación social impulsada por sectores corporativos con el aval del gobierno. Al describir las prácticas de las compañías mineras que buscan instalarse en la zona, explicó: “como comunidad ya hemos manifestado en varias ocasiones nuestro rechazo, pero ahora las empresas intentan dividirnos abordando a las personas de manera individual”. Asimismo, cuestionó el rol del Poder Judicial frente a los reclamos territoriales, afirmando que desde la reforma la justicia de Jujuy permanece inactiva debido a la influencia de operadores vinculados directamente al gobierno provincial.

El comunero sostuvo que existe una vulneración sistemática de los derechos internacionales, subrayando que no se está respetando el Acuerdo de Escazú ni el Convenio 169 de la OIT. Ante la falta de garantías, las comunidades han iniciado acciones legales para frenar el avance extractivista. Como contrapropuesta al modelo extractivo, la comunidad de Tusaquillas apuesta por el desarrollo de proyectos locales. Sobre este punto, Cruz concluyó que están avanzando con tareas de “agricultura, ganadería y turismo para fortalecer el territorio y generar alternativas laborales para que los pobladores no tengan que optar por la minería”

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Fotos: Gentileza Comunidad Kolla de Rinconada

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