Paicil Antriao: Avruj sigue sin entregar la Carpeta Técnica y avanza el caso en la CIDH

30 Abr 2026

La comunidad mapuche Paicil Antriao denuncia que el Estado argentino incumple medidas cautelares dictadas por la CIDH y mantiene paralizado el relevamiento territorial ya concluido, mientras avanza la presión judicial en el fuero civil para ejecutar desalojos en Villa La Angostura.

La comunidad mapuche Paicil Antriao, se encuentra asentada en un territorio codiciado por desarrollos inmobiliarios y proyectos turísticos en Villa La Angostura y constituye uno de los casos de mayor criminalización indígena en la provincia de Neuquén. Tras haber sorteado una extensa ofensiva en juzgados penales, la comunidad enfrenta ahora un nuevo frente en el fuero civil, mientras denuncian que el Estado argentino ignora sistemáticamente las protecciones otorgadas por organismos internacionales de derechos humanos.

Desde el año 2013, el despliegue judicial contra sus miembros ha sido incesante. Según registros de la propia comunidad sólo hasta el año 2024 atravesaron unos 35 juicios que involucraron a por lo menos 66 procesados mapuche. Si bien una parte de estas causas ha caducado y en las restantes la justicia los ha absuelto, la presión legal se desplazó hacia el fuero civil con el objetivo explícito de ejecutar desalojos y acciones de reivindicación sobre tierras que la comunidad reclama como ancestrales.

Ante este escenario, la comunidad mapuche ha llevado sus reclamos también al plano internacional, exigiendo que el Estado argentino cumpla tanto con la Constitución como con los convenios y tratados que ha suscripto. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó abrir el caso de la Comunidad Paicil Antriao contra el Estado argentino, marcando un hito en la búsqueda de justicia y reconocimiento de sus derechos.

En comunicación con infoterritorial, el abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, alertó sobre la gravedad del incumplimiento de las normativas internacionales. Sánchez señaló que el Estado argentino ha incumplido con las medidas cautelares que dictó en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre ellas una que le ordenaba al Estado que asegure que la comunidad Paicil Antriao tenga acceso al rewe, su espacio sagrado en el cerro Belvedere.

La defensa técnica subrayó además, que mientras los integrantes de la comunidad fueron absueltos en todos los procesos penales que los vinculaban con querellas de poderosos empresarios como Emanuel Ginóbili y otros privados, el aparato estatal parece haber intensificado la persecución por otras vías. Sánchez afirmó que existe un incumplimiento del Estado en primer lugar porque “no cumple con las medidas cautelares que ordenó la Comisión Interamericana” y consideró que se suma el agravante de que “el propio Estado persigue a la comunidad, o sea, no cumple con la orden de proteger los derechos de la comunidad, sino que además la persigue el propio Estado”.

Sanchez apuntó directamente contra la actual gestión del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Según el letrado, el actual titular del organismo, Claudio Avruj, mantiene paralizada la entrega de la Carpeta Técnica del relevamiento territorial de la comunidad, a pesar de que las tareas de campo, informes antropológicos y planimetrías ya han sido concluidos y remitidos por la provincia de Neuquén.

En este contexto, el 24 de abril pasado el Juzgado Federal de Zapala ordenó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) responder en un plazo de pocos días al reclamo presentado por la Comunidad Mapuche Lof Paicil Antriao, que interpuso una acción de amparo por mora administrativa denunciando demoras excesivas en el cumplimiento de las obligaciones del organismo. La resolución judicial exige que el INAI explique las razones de la demora, informe cuándo resolverá lo pendiente y aporte pruebas que respalden su actuación, en un intento de que el Estado justifique su falta de respuesta y establezca un plazo concreto para atender el reclamo comunitario.

Al respecto, el abogado denunció que Claudio Avruj “cajonea” el relevamiento territorial de la comunidad Paicil Antriao que ya está terminado y que, “cuando los jueces solicitan informes sobre el estado del trámite, el organismo no solo dice que no está terminado, sino que sugiere que hay irregularidades y se toma la licencia de aconsejar a los jueces que le hagan lugar a los juicios a los privados contra la comunidad”.

Para la defensa, esta situación coloca a la comunidad en una vulnerabilidad extrema, ya que el organismo encargado de tutelar los derechos indígenas actúa en contra de su mandato legal. Ante este escenario, anunció que se está elaborando un informe técnico detallado para ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de exponer lo que consideran una estrategia coordinada de despojo territorial que combina la inacción administrativa con el impulso de desalojos en la justicia civil.

Breve historia

En 1902, el presidente Julio Argentino Roca, en representación del Estado argentino, entregó a José María Paicil e Ignacio Antriao el boleto de condominio del Lote N.º 9, de 625 hectáreas, en reconocimiento a sus servicios como baqueano y botero, respectivamente, en la tarea de delimitación de la frontera con Chile. Así la comunidad mapuche recuperaba una parte del territorio despojado durante la campaña genocida de ocupación de finales del siglo XIX.

No obstante, en 1932 el Estado volvió a medir tierras ya otorgadas y despojó a la Comunidad del territorio donde hoy está Villa La Angostura; luego, en 1934, la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi consolidó una matriz, que se mantiene hasta el presente, en favor de un turismo elitista y los negocios inmobiliarios, facilitados por la provincia mediante prácticas fraudulentas y el acceso fácil de privados a la tierra. En la actualidad la comunidad posee 120 hectáreas de las 625 otorgadas originalmente.

La respuesta del INAI al requerimiento del Juzgado Federal de Primera Instancia de Zapala aún está pendiente. La entrega de la Carpeta Técnica es fundamental ya que constituye la documentación oficial que respalda los derechos territoriales de la comunidad: allí se registran los antecedentes históricos, las mensuras y las pruebas que demuestran la ocupación y el reconocimiento estatal. La dilación del INAI en la entrega de la Carpeta Técnica es una constante en todos los territorios que deja en evidencia una administración que incumple derechos y actúa a favor de intereses privados.

Foto: Gentileza Comunidad Paicil Antriao

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