Tres tristes leyes

01 Mar 2025

La Legislatura de Chubut aprobó tres proyectos que vulneran gravemente los derechos de los pueblos indígenas

Escribe: Eduardo Hualpa

En la sesión del jueves 27 de febrero, el oficialismo de Chubut votó tres leyes en abierta violación al derecho a la consulta indígena, consagrado en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La falta de consulta indígena y el contexto de criminalización del pueblo mapuche fueron señalados por legisladores de la oposición antes de retirarse de la sesión.

Analizaremos brevemente el contenido de los tres proyectos.

Comisión de Tierras Indígenas en la Ley de Tierras

El proyecto 16/2024 fue presentado en enero del año pasado por la legisladora Jacqueline Caminoa y propone la modificación de la ley de tierras de la Provincia, a fin de reglamentar la “Comisión de Tierras Indígenas” que fuera creada por ley 3765 del año 1992 y nunca puesta en práctica. El problema grave de este proyecto, además de la falta de consulta indígena, es que empeora las condiciones de la participación que prometía la norma original: es un funcionario del Ejecutivo (elegido a dedo por el Gobernador) quien elige a los miembros de la Comisión y son honorarios, es decir que no recibirán compensación económica por su tarea. La ley original establecía que eran propuestos por el Instituto de Comunidades Indígenas (que nunca se creó) y no pedía a sus miembros abandonar sus comunidades sin pagarles nada.

Un decreto de idéntico contenido del Gobernador Arcioni, fue declarado inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia en el año 2023^[1].

Registro de Comunidades Indígenas.

El proyecto 13/2025 fue presentado el 17/02/2025 por los legisladores Hollman y Aguilera. Modifica la norma de registro de las comunidades indígenas, agregando requisitos y condiciones para que el Ministerio de Gobierno inscriba o rechace los pedidos, pudiendo solicitar “documentación adicional” (art. 4).

Actualmente la ley I 171 establece un mecanismo sencillo de registro en cabeza de la Escribanía General de Gobierno y ha sido utilizado por las comunidades sin mayores inconvenientes por muchos años.

Consulta indígena.

El proyecto 12/25 es para reglamentar el derecho a la consulta indígena esta presentado el 14/02/2025 por los legisladores Aguilea María Andrea, Juncos Luis Emilio, Cavanini Sonia Wilatowski Sandra, Tamamé Mariela, Magaldi Leticia, Fernández Emmanuel, Hogalde Paulina y González Sergio.

Es el más nocivo de los proyectos, no solo por pretender reglamentar la consulta sin consulta. También porque restringe el contenido de la consulta, los plazos para que se consulte, no suspende la actuación estatal durante la consulta y no define cuál será la autoridad de aplicación de la ley.

Se trata de un proyecto similares a la ley aprobada en la provincia de Rio Negro y que también han recibido fuertes cuestionamientos. En Neuquén, en cambio, la norma fue dictada luego de un proceso de consulta con el pueblo mapuche.

Coincido con la Dra. Silvina Ramirez^[2] en que se trata de una forma de intervención estatal que lamentablemente es conocida por los pueblos indígenas en Argentina. Imposible pasar por alto que en el año 2020, Argentina fue condenada en el caso “Lhaka Honhat” por vulnerar entre otros, el derecho a la consulta.

En mi opinión la dirigencia política argentina tiene que repensar su relación con los pueblos indígenas. Se puede leer en las normas, especialmente en la regulación de la consulta indígena, una intención de brindar garantías a las inversiones, algo así como un complemento del RIGI. Sin embargo, las tres leyes votadas no solo son violatorias de derechos colectivos del pueblo mapuche, sino también inútiles para darle seguridad jurídica a posibles inversiones. Es muy probable que la discusión continúe en la justicia, donde los tiempos no son favorables a la agilidad que requieren los negocios, con lo que la conducta del oficialismo terminará obstruyendo un proceso real de participación indígena, que es la única forma de avanzar para un desarrollo estable. Un “desarrollo” que no transfiera los pasivos ambientales y sociales a los mismos sectores excluidos de la discusión institucional.

Chubut tuvo una muestra de cómo terminan las normas impuestas sin consenso y a espaldas de los pueblos, con el estallido social de diciembre de 2021. Resta ver si el actual gobernador Torres y sus legisladores son igual de torpes que el anterior gobernador del Chubut o levantarán la vara.

^[1] SD 28/23, causa “COMUNIDAD MAPUCHE TEHUELCHE LOF FAMILIA CATRIMAN COLIHUEQUE Y OTRAS s/ DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD”.

^[2] https://infoterritorial.com.ar/otra-vez-sopa-u-otra-vez-la-consulta-el-proyecto-de-ley-de-consulta-de-la-provincia-de-chubut/