Chubut: Un nuevo marco normativo que consolida el despojo

02 Mar 2025

El ahogo de las comunidades indígenas en la provincia de Chubut

Escribe Silvina Ramírez

En esta semana, la legislatura chubutense aprobó –en una sola sesión- tres proyectos de ley que involucran a los pueblos indígenas. Uno, relativo a la creación de la Comisión de Tierras; el segundo, que regula el procedimiento de la consulta previa, libre e informada; el tercero, sobre la creación del registro de comunidades indígenas. Ninguno de los tres proyectos respeta el derecho a la consulta –para respetarlo, no es necesario que la consulta se encuentre regulada- y fueron sancionados rápidamente, en un contexto de enorme conflictividad con las comunidades indígenas en la provincia, avanzando sobre temas sensibles sin que interesara escuchar las voces de los directamente afectados.

El proyecto, ahora ley, que crea el registro de comunidades indígenas, exige que éstas acrediten el reconocimiento de los derechos sobre las tierras, o si se encontrara en trámite, que puedan demostrar una ocupación real. Sin embargo, es el propio Estado el que pone obstáculos permanentes a este reconocimiento. En otras palabras, las comunidades, para registrarse, deben demostrar reconocimiento territorial, pero para obtener este reconocimiento, deben esperar acciones estatales que nunca llegan, con el agravante que el único instrumento legal con el que contaban hasta el momento –la ley 26160- acaba de ser derogada por decreto presidencial. Se genera un círculo vicioso que, prácticamente, deja sin alternativas a las comunidades indígenas.

En la –ahora- ley de consulta, se generan escenarios que sugieren que se pretende cumplir “en apariencia” con este derecho, más que garantizarlo genuinamente. Empieza delimitando el universo de las comunidades que pueden acceder a ser consultadas en aquellas registradas. Como expresé en el párrafo precedente, el registro se vuelve dificultoso para las comunidades, por el incumplimiento de las obligaciones por parte del mismo Estado que está regulando estos derechos. Por otra parte, brinda una lista restrictiva de las acciones que deben ser consultadas, y –contrariamente a los dispuesto por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- prescinde totalmente del consentimiento previo, libre e informado. O, lo que es lo mismo, la decisión final está en cabeza de las instituciones consultantes, de ninguna manera las comunidades indígenas pueden determinar o condicionar las medidas que fueron consultadas.

Por último, la legislatura integra la Comisión de Tierras indígenas, medida que había sido ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia instando a que la pongan en funcionamiento. Su composición, presidida por el Director de Asuntos indígenas de la provincia, y por cuatro miembros a elección de las comunidades inscriptas que proponga el presidente, deja muchas dudas sobre su legitimidad. No sólo por la dificultad de inscripción de las comunidades, como ya señalé, sino porque, en definitiva, quien tiene a su cargo la integración de la comisión será su presidente, quien depende de las instancias del Estado. Resumiendo, la Comisión de Tierras indígenas se conforma a elección y criterio, en última instancia, del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia.

Frente a este panorama, no resulta exagerado afirmar que se va consolidando un estado de cosas que oprime y ahoga a las comunidades, despojándolas no sólo de los territorios sino de cualquier alternativa de obtener un reconocimiento a sus derechos. Las leyes sancionadas van en esa dirección, su objetivo es crear un marco normativo “aparente” de respeto a los derechos indígenas, cuando su finalidad no manifiesta es dejar sin aire a las comunidades indígenas, exigirles condiciones que son de imposible cumplimiento, precisamente por la inacción y desidia estatal, y porque, finalmente, rechazan la existencia y presencia de las comunidades indígenas en la provincia.

Con estas leyes, el registro de comunidades indígenas se vuelve restrictivo, la consulta sólo se dirige a las comunidades inscriptas (soslayando completamente el consentimiento), y la Comisión de Tierras será dirigida en su totalidad por el gobierno. Un gobierno que no deja de repetir en cada ocasión posible que perseguirá a los delincuentes mapuche, que los asocia plenamente a los incendios desatados en diferentes puntos de la provincia, y que los divide arbitrariamente en “buenos y malos”; en última instancia, considera que las comunidades indígenas “malas” son aquellas que reivindican y reclaman legítimamente por sus derechos.

Sin pensar en teorías conspirativas, pareciera que estas leyes vienen como anillo al dedo para una clase política, y un Estado provincial, que se niega recurrentemente a reconocer los derechos territoriales indígenas. Que esta trilogía de leyes forma parte de un plan orquestado para seguir despojando a las comunidades, dando una idea de legalidad que sustrae una posibilidad real de las comunidades de acceder a la justicia y a sus derechos. Aunque parezca lo contrario, lamentablemente este camino legislativo no conduce al fortalecimiento de las comunidades indígenas. Socava y debilita su autonomía, deja en cabeza del Estado cuestiones claves que desembocan –inequívocamente- en situaciones desigualitarias, y contribuye a profundizar la vulnerabilidad en que se encuentran.

Los continuos hostigamientos que hoy sufren, los allanamientos, la persecución a través de los medios de comunicación, la criminalización, encuentran una respuesta muy débil en este tipo de leyes, que agravan un panorama que pronostica tiempos aún más oscuros para las comunidades indígenas que habitan la provincia de Chubut. No obstante, también puede ser el empujón que necesitan para reorganizarse, fortalecerse y mutar la reacción en acción. Volver a intentar, como tantas veces, transformar una relación con el Estado que sigue pretendiendo subordinarlas y someterlas.

Foto : Roxana Sposaro