Una fiesta de la élite sobre territorio de una comunidad con orden de desalojo

02 Abr 2026

La viralización de un casamiento de lujo en la Reserva Natural Quebrada de las Conchas, en Salta, ha dejado al descubierto una realidad que trasciende el escándalo de una fiesta privada en un área protegida.

Mientras las redes sociales se inundaban con imágenes de gente de élite, DJs y -según los propios organizadores- hasta un juez de la Corte Suprema de Justicia, el foco mediático omitió un conflicto jurídico y social de fondo. El festejo tuvo lugar precisamente sobre el territorio ancestral de la Comunidad Suri Diaguita Calchaquí, que hoy enfrenta una sentencia de desalojo de sus propias tierras.

La indignación pública se centró en la validez de los permisos y el daño ambiental a la flora y fauna. Sin embargo, la comunidad Suri, cuya personería jurídica Nº 897 avala la presencia de un centenar de familias en los departamentos de La Viña, Guachipas y Cafayate, denuncia que la “ceguera” institucional permite estos atropellos mientras le niega el acceso básico a la justicia.

Justicia selectiva

En comunicación con infoterritorial, Roque Díaz – el cacique de la comunidad- relató una realidad de violencia y desprotección que contrasta con la impunidad de los eventos privados. Según su testimonio, la estructura judicial de Cafayate ignora sistemáticamente las denuncias de los pobladores originarios.

“Hemos tenido muchos problemas desde hace mucho tiempo ya con la justicia, por eso justamente terminamos denunciando a la jueza y a la fiscal, porque nunca hicieron nada en cuanto a las denuncias que hizo la comunidad. A mí me quemaron tres veces mi casa y no hicieron nada. Y cuando yo fui a verlas, a exigirle que hagan algo, se reía en la cara”, afirmó el referente indígena.

Diaz señala la llegada de personas provenientes de Buenos Aires y otras provincias, quienes denuncia que adquieren de manera irregular tierras comunitarias destinadas históricamente a sus actividades productivas: “Se instalan y uno los quiere sacar porque se están metiendo en nuestro territorio, en nuestro lugar donde pastorean nuestros animales todos los días. Uno hace denuncias, pues la justicia de acá no hace nada y, todo lo contrario, dice que ellos tienen derecho. Lo que más nos molesta a nosotros es que ellos traen el negocio de la droga, eso también me hace dudar o sospechar que haya alguna negociación porque no les hacen nada. Cuando hacen fiestas se drogan y hacen desastre. Entonces ellos me robaron los paneles solares y el equipo de internet y yo les denuncié”.

En 2025, Díaz denunció ante la Procuraduría de la Provincia y la Corte Suprema de Justicia de Salta a la jueza María Virginia Toranzos, quien falló en primera instancia a favor del desalojo de las familias indígenas. El beneficiario de la medida es Hipólito Santillán, un exmiembro de las fuerzas de seguridad que residiría en Buenos Aires que reclama las tierras sin poseer títulos ni posesión de propiedad, según explicó Díaz, Asimismo, demandó a la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, quien además está a cargo de investigar las irregularidades del polémico casamiento. La comunidad señala que, hasta el momento, las acciones judiciales impulsadas no han logrado avanzar.

El negocio del turismo

El conflicto de fondo revela una presión inmobiliaria y turística en la zona que busca desplazar a las comunidades. El cacique advierte que Santillán pretende vender las tierras para proyectos turísticos apenas logre el desalojo, una práctica que la Secretaría de Medio Ambiente parece tolerar en ciertos casos. “Ese hombre pretende despojar una parte grande del lugar donde tenemos arcilla para hacer la cerámica y eso nos afectaría bastante”, expresó Díaz.

“Vienen de afuera, hacen desastres y no pasa nada. Después se lavan las manos y dicen ‘somos víctimas, no sabíamos, ellos estaban ahí todo el tiempo’, como pasó con la boda. Como era gente de peso político, Medio Ambiente hizo la vista gorda”, denunció el líder de la comunidad Suri.

A pesar de contar con el relevamiento territorial del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la comunidad aún no recibe la Carpeta Técnica definitiva. Esta demora administrativa los mantiene bajo una inseguridad jurídica que se profundiza por la figura impuesta de “tierras fiscales”, vulnerando el derecho constitucional a la propiedad comunitaria a las comunidades que históricamente ocupan el territorio.

Un fallo internacional ignorado

El caso de la Comunidad Suri no es aislado. El Estado argentino y la provincia de Salta arrastran la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Lhaka Honat (2020), que ordena titularizar tierras indígenas y legislar mecanismos efectivos para garantizar la Propiedad Comunitaria. A seis años de aquel fallo histórico, la mora legislativa persiste.

Mientras la justicia penal en 2021 absolvió a una pareja de ancianos de la comunidad acusados falsamente de estafa por el mismo privado que busca el desalojo, la amenaza civil continúa.

Información aportada por la defensoría general del Ministerio Público de Salta señalaba que “el denunciante los había inducido a firmar engañados un convenio de comodato sin certificación notarial, autorizando el uso de las tierras por parte de los demandados por el término de 5 años”.

La comunidad Suri sostiene que la resistencia es el único camino ante un sistema que, según denuncian, protege los intereses del dinero y el poder político mientras criminaliza la pobreza y la identidad indígena. “No hay justicia acá para la gente pobre y humilde. Hay que denunciar a la jueza y fiscales todo el tiempo; ellos están para hacer justicia, no para cubrir intereses de gente de plata y de poder”, concluyó el cacique, quien asegura que continuará la batalla legal a pesar de las amenazas y los ataques a su vivienda.

Boda en Quebrada de las Conchas: denuncia de la Comunidad Indígena Suri Diaguita Kallchaki

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