Convocan manifestación ante avance privado sobre el territorio ancestral Lule
La Comunidad Lule convoca para el próximo 9 de abril a las 11hs a la legislatura de la provincia de Salta a diversas organizaciones sociales y fortines gauchos para frenar un proyecto de ley que pretende entregar 88.000 metros cuadrados de tierras públicas al Tigres Rugby Club bajo la figura de comodato.
El proyecto, que tiene media sanción en la cámara de diputados y se debatirá en el senado, es calificado por el pueblo Lule como un despojo encubierto de legalidad en beneficio de sectores económicos privilegiados.
Finca Las Costas es parte del territorio indígena donde la comunidad lules ejerce su posesión ancestral. Fue cambiando de nombre según los gobiernos, fue reserva hídrica y desde el año 1995 es Reserva Provincial. La entrega de estas tierras a un club privado, cuya membresía resulta inaccesible para la mayoría de la población, implica la privatización de un patrimonio ambiental que nutre las vertientes de agua potable para gran parte de la ciudad de Salta y el Valle de Lerma.
La abogada especialista en derecho indígena, Mara Puntano, coordina la defensa legal ante lo que consideran una violación sistemática del marco jurídico vigente. El proyecto avanzó en la Cámara Baja sin informes de impacto ambiental ni social, y fundamentalmente, omitió el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada garantizado por el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
La voz del territorio
En comunicación con infoterritorial María Estela Torres, docente, integrante de la comunidad indígena Lule de Finca Las Costas y de la Organización de Wakalis (mujeres) Lules por el Buen Vivir, describió la posesión histórica que desafía la visión mercantilista de los legisladores. “Ocupamos el territorio ancestral desde hace muchísimo tiempo, somos preexistentes al Estado. De lo que se encontró documentado allá por 1890 existe documentación de mis tatarabuelos, una de las familias más arraigadas del lugar”, sostiene la referente.
La economía de subsistencia de las familias Lule depende directamente de estas tierras. Allí crían ganado menor, producen maíz, duraznos, paltas, nueces, maní y cultivan flores como jazmines, gladiolos, dalias para la venta en la ciudad. Sin embargo, Torres denuncia una desigualdad estructural en el acceso a recursos básicos: “Actualmente las acequias han sido clausuradas y canalizadas para llevar agua hacia la ciudad. Por lo tanto, en Finca Las Costas no hay red de agua potable. Solamente algunas familias que están colindantes con la Villa San Lorenzo, donde vive gente de altísimo poder adquisitivo”.
La brecha social se profundiza al analizar la institución beneficiaria del proyecto. Mientras el club Tigres exige cuotas de mercado de élite -unos $250.000 por mes-, la comunidad enfrenta la crisis habitacional y el asedio inmobiliario. Torres relata situaciones de discriminación explícita a pesar de las supuestas becas que el club otorga: “Hasta ahora concurrían dos chicas de la comunidad que tenían que pagar casi 100 mil pesos y aparte ocuparse de limpiar los baños y de la venta de entradas, lo que nos parece altamente discriminativo ya que no es una beca real”.
Hostigamiento y privilegios

La tensión en el territorio aumentó tras la votación en Diputados. David Torres, presidente de la comunidad, denunció que representantes del club ya actúan como propietarios de facto. “Miembros de Tigres se acercan de manera hostil a la gente, a una mujer embarazada, como si ya fuesen dueños cuando recién hay media sanción”, advierte el dirigente. Para Torres, la gravedad reside en que el Estado pretende ceder tierras con familias habitando dentro: “Nadie se toma la tarea en serio de observar. La comunidad tiene derechos ya reconocidos, se realizó un informe histórico antropológico, jurídico y catastral para que se le reconociera la posesión”.
En este contexto, la comunidad percibe una tendencia histórica donde los gobernantes utilizan tierras públicas para favorecer a clubes con los que mantienen vínculos personales, ignorando a los pequeños productores y ancianos que dependen del suelo para alimentarse. “Tenemos personería jurídica, carpeta técnica y estudio histórico antropológico aprobado. Sin embargo, la provincia se niega a reconocernos”, reclama la referente lule,
Un plan de lucha en marcha
El conflicto entra ahora en una etapa decisiva. El Senado provincial tiene la responsabilidad de ratificar o rechazar la entrega de las tierras. Los integrantes de Finca Las Costas advierten que, de agotarse las instancias locales, recurrirán a tribunales internacionales. “Aquí la defensa de nuestras tierras la hacemos entre todos”, sentenciaron los voceros de la comunidad en la convocatoria de este jueves.
La resistencia Lule pelea en defensa del territorio y defiende un modelo de vida frente al avance de proyectos conocidos como la “nueva Dubái salteña”, barrios cerrados con lagos artificiales y helipuertos que contrastan con la falta de agua en los hogares indígenas colindantes. La movilización a la Legislatura busca evitar que el proyecto se apruebe, exigiendo que los legisladores salteños prioricen los derechos humanos por sobre los intereses de los sectores acomodados.
Foto: Gentileza Comunidad Lules – Finca Las Costas
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