El conflicto territorial en Apipé: la lucha de la comunidad Ka’avyty por su territorio ancestral
Escribe Paula Aranda
Mientras crece la presión por el territorio en la Isla Apipé Chico, la comunidad Ka’avyty resiste. Entre el recorte a la asistencia, el hostigamiento, el extractivismo y los emprendimientos privados en las islas, familias guaraníes sostienen una lucha cotidiana por defender el territorio que habitan desde hace generaciones.
Sobre el brazo medio del río Paraná, en la localidad de Ituzaingó, Corrientes, se encuentra la Isla Apipé Chico. Parte de esta isla es habitada históricamente por 21 familias autorreconocidas guaraníes que conforman la “Comunidad Ka’avyty” (aglutinación de montes) y que mantienen un vínculo ancestral con el territorio. Son pequeños productores, familias que viven de la chacra, del ganado, de la tierra y sus recursos naturales y que en los últimos años se han visto cada vez más amenazados por el avance de los intereses privados y la creciente presión sobre el territorio. Nida Paredez es integrante de la comunidad y parte de una familia de descendientes de guaraníes que históricamente habitan la isla desde 1907. Es una mujer que sostiene de forma cotidiana la lucha por la posesión ancestral del territorio y el reconocimiento formal de la comunidad. En primera persona, nos acerca los ejes que atraviesan la problemática territorial actual de la comunidad: los recortes indiscriminados al suministro de semillas y herramientas para los pobladores de la isla; el hostigamiento constante por parte de la prefectura; el extractivismo y desmonte; los emprendimientos privados que buscan construir cabañas turísticas en la isla.
Invisibilización histórica
Históricamente, la provincia de Corrientes se ha caracterizado por mantener una política de negación hacia sus pueblos indígenas sostenida en un discurso que predominó por décadas: “en Corrientes ya no quedan más indios”. Las comunidades formalmente reconocidas son muy pocas y en general, existe un gran prejuicio hacia la identidad indígena. En este marco, Nida nos cuenta la lucha que libran con su comunidad desde el 2013 para que su personería jurídica sea reconocida, sin tener éxito aún. Los obstáculos al reconocimiento formal de la comunidad no pueden ser pensados por fuera de la problemática territorial en tanto esta invisibilización le permite al gobierno correntino negar la posesión ancestral de los pobladores originarios. “El gobierno provincial hace 30 años que está, no reconoce nuestra posesión ancestral, nuestra raíz ancestral” denuncia Nida y sigue “pero, ¿por qué pasa esto? Porque ellos son los interesados en nuestro territorio. Ellos lo que quieren es usufructuar. Ellos quieren correr a la gente de la isla”.
El ICAA: los comodatos y las (mal llamadas) tierras fiscales
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) es el organismo provincial responsable de temas como los recursos hídricos, la gestión ambiental, tierras e islas fiscales y minería. En lo que concierne al área territorial, tiene la potestad para otorgar comodatos (una forma de “permiso de uso” concedido a familias o particulares sobre las tierras) y administrar las denominadas tierras fiscales (territorios en teoría pertenecientes al Estado provincial o nacional). Sin embargo, Nida cuestiona fuertemente el rol del organismo y el desconocimiento que existe sobre las realidades territoriales de las comunidades que habitan las islas: “tienen técnicos, tienen abogados, tienen todo, pero un desconocimiento total de lo que es el territorio. Ellos otorgan los comodatos y no vienen a vivir al territorio”. En ese sentido, señala una contradicción en el accionar del ICAA: mientras su función debería ser la de fiscalizar y administrar estos espacios, en la práctica termina cediendo territorios a costa de negar la propia historia de estos.
Las puntas del conflicto territorial
Sin semillas y sin herramientas
En una comunidad isleña donde priman la agricultura y el cultivo de subsistencia, el acceso a semillas y herramientas agrícolas es de vital importancia. A pesar de esto, Nida nos comenta que en la actualidad, ni el Ministerio de Producción, responsable de brindarles asistencia, ni la nueva administración municipal de Ituzaingó que asumió en diciembre de 2025 están atendiendo a sus reclamos de apoyo. “No tenemos semillas, no tenemos herramientas, nada” nos comenta. A su vez, en el nivel nacional, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) en el marco de los crecientes recortes y la “famosa” motosierra, también cortó el suministro de semillas a la comunidad.

Hostigamiento
A las múltiples dificultades de la vida en el territorio, se le suma el hostigamiento incesante a los pobladores indígenas. En palabras de Nida, “atosigan a la gente, porque están sus intereses económicos”. Las manipulaciones, las persecuciones y los ninguneos son moneda corriente. Los pobladores deben cruzar en lancha a la ciudad en busca de provisiones, y son constantemente perseguidos por la prefectura o la policía. Les piden salvavidas más actualizados de los que tienen, bengalas, les reclaman el pago de aranceles y papeles firmados por escribanos, sabiendo que no cuentan con los recursos económicos necesarios. Nida nos cuenta que tiene primos, sobrinos que viven en Corrientes capital cuyo sueño es volver, pero que el asedio continuo se los impide. “Y yo siempre les digo que el territorio es de todos, que tienen que volver, que es nuestra casa. Tienen que volver, tenemos que volver.”
Desmonte y extractivismo
El cuidado de los montes es primordial para la comunidad Ka’avyty, no sólo por lo esencial de los recursos naturales para su forma de vida, sino también por el amor que los conecta a su tierra. Frente a esto, Nida visibiliza la problemática del avance dañino tanto de los privados como de la misma prefectura en la isla. Ellos talan, desmontan, extraen recursos, arrasan con los plantines que Nida compra con su pensión. “Plantamos nosotros los arbolitos, hacemos plantín junto a la semilla. Ellos cortan los montes. Yo llevo para reforestar, ellos me sacan los montes” y continúa “Pero ¿por qué sacan? Porque son de la misma élite, ellos se manejan así. Esa es nuestra lucha constante. En vez de ver un árbol ven cuánta madera le pueden sacar”. Destruyen los montes nativos y se apropian de las hierbas base de la medicina ancestral guaraní (Poha ñana). Para Nida la desprotección es angustiante. “El acuerdo Escazú está legislado, está escrito, pero no lo aplican porque vienen y se llevan nuestros recursos y los patentan ellos”.
Emprendimiento privado y cabañas turística
La construcción de cabañas para el turismo es el punto cúlmine de la desprotección del territorio como decisión política. Del avance del interés privado frente al colectivo. Nida nos cuenta que actualmente están en litigio, pero que la asesoría legal es demasiado costosa para la comunidad: “Siempre es el recurso económico lo que nos juega en contra y nos llevan ventaja por eso” agrega. El proyecto de la construcción de estas cabañas no es nuevo, pero su concreción responde a una creciente oleada de atención turística dirigida hacia las islas. Algunos las llaman “el paraíso”, otros “las islas correntinas que parecen el Caribe” quizás sin ser conscientes del daño que esto puede provocar en las comunidades que día a día deben luchar por no verse despojadas del territorio que habitan, que aman.
En suma, en una provincia que rechaza a sus propios pueblos indígenas, el conflicto territorial no puede pensarse por fuera de los procesos de invisibilización y racismo históricos. Los discursos e imaginarios que niegan la identidad indígena habilitan decisiones políticas que permiten el desentendimiento de la posesión ancestral y la toma de acción (u omisión) abocada a la expulsión de los pobladores indígenas en pos del establecimiento de los negocios privados sobre el territorio.
Fotos: Nida Paredez
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